La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es una norma que tiene como finalidad regular la actuación administrativa y el procedimiento que deben seguir las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos.
Entre las principales novedades de esta ley se encuentra la regulación del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, lo que supone un importante avance en la modernización de la Administración.
Además, la ley establece el derecho de los ciudadanos a una atención personalizada y a recibir información clara y comprensible por parte de las administraciones públicas, lo que contribuye a mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión administrativa.
Otro aspecto importante de la ley es la definición del procedimiento administrativo común y la regulación de las distintas fases del mismo: iniciación, ordenación, instrucción y resolución. La ley establece los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos, así como los efectos de la falta de resolución en plazo.
La Ley 39/2015 también regula las formas de notificación de los actos administrativos y los efectos de la notificación, lo que contribuye a garantizar el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
En cuanto a los recursos administrativos, la ley establece las distintas formas de recurso que pueden interponer los ciudadanos en caso de disconformidad con los actos administrativos, lo que contribuye a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por último, la ley define la figura del silencio administrativo como una forma de resolución presunta de los procedimientos administrativos, lo que garantiza que los ciudadanos puedan obtener una respuesta de las administraciones públicas en caso de que éstas no resuelvan en plazo.
En resumen, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es una norma fundamental para regular la actuación administrativa y garantizar los derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas.
¿Qué es lo más importante de la ley 39/2015?
Entre las cuestiones más importantes que aborda la Ley 39/2015 se encuentran:
- La regulación del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, estableciendo la obligación de las Administraciones Públicas de garantizar la interoperabilidad de sus sistemas y la accesibilidad de sus servicios.
- La simplificación y agilización de los procedimientos administrativos, mediante la eliminación de trámites innecesarios y la reducción de plazos.
- La regulación del derecho de los ciudadanos a ser informados sobre el estado de los procedimientos administrativos en los que estén involucrados, así como el derecho a acceder a los documentos y expedientes administrativos.
- La regulación del derecho de los ciudadanos a formular alegaciones y presentar pruebas en los procedimientos administrativos, así como el derecho a ser oídos antes de la adopción de una decisión administrativa que les afecte.
- La regulación de las garantías y procedimientos para la impugnación de los actos administrativos, estableciendo la posibilidad de recurrir dichos actos y los plazos y requisitos para ello.
- La regulación de los medios de ejecución de los actos administrativos, estableciendo la posibilidad de exigir la ejecución forzosa en caso de incumplimiento.
- La regulación de la responsabilidad de las Administraciones Públicas por el funcionamiento de sus servicios y por los daños y perjuicios que puedan causar a los ciudadanos.
¿Qué es procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?
El procedimiento administrativo de las administraciones públicas es el conjunto de actuaciones y trámites que deben seguirse para llevar a cabo cualquier tipo de actuación administrativa, ya sea para conceder una licencia, resolver un recurso o llevar a cabo una inspección, entre otros. Es un proceso que debe ajustarse a las normas y principios establecidos por la ley y tiene como objetivo garantizar la transparencia, eficacia y seguridad jurídica en las actuaciones administrativas.
Este procedimiento incluye diferentes fases, como la iniciación del procedimiento, la instrucción y la resolución del mismo, y en él participan tanto los interesados como la propia administración pública. Además, se deben garantizar una serie de derechos y garantías a los interesados, como el derecho a ser informados, a aportar documentos y pruebas, a ser escuchados y a recurrir las decisiones adoptadas en el procedimiento.
En resumen, el procedimiento administrativo es el conjunto de actuaciones y trámites que deben seguirse para llevar a cabo las actuaciones de la administración pública, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, eficacia y seguridad jurídica.