El ciudadano en sus relaciones con la administración pública

La LPAC regula la capacidad de obrar ante la administración estableciendo los supuestos que tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas (artículo 3 LPAC).

a) Las personas físicas o jurídicas que tienen capacidad de obrar de acuerdo con las normas civiles; es decir: los mayores de edad (18 años) no incapacitados, los menores emancipados y las personas jurídicas (por ejemplo, asociaciones, fundaciones, sociedades mercantiles) válidamente constituidas, y que tienen capacidad jurídica y capacidad de obrar de acuerdo con las leyes reguladoras de cada tipo de persona jurídica.

b) Los menores de edad (a menos que estén incapacitados) para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses en los que el ordenamiento jurídico permite su actuación sin la asistencia de la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela.

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando exista una ley que lo admita expresamente.

La LPAC admite que una pluralidad de personas interesadas se dirija a la administración pública mediante un único escrito o solicitud. La administración debe relacionarse con la persona que se haya indicado expresamente, que tanto puede ser una de las que firma, como una tercera que las represente expresamente. Si no se hace esta indicación, la administración debe relacionarse con el interesado que figure en primer lugar del escrito. Es decir, a falta de indicación expresa, el artículo 7 LPAC presume que la persona designada como representante es la que figura en primer término. Sin embargo, cualquiera de los interesados ​​puede continuar realizando actuaciones durante la tramitación del procedimiento, como, por ejemplo, presentar alegaciones de manera individual.

Con carácter general, el artículo 13 LPAC, reconoce a todos aquellos que tienen capacidad de obrar los siguientes derechos en las relaciones con las administraciones públicas:

  1. Derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un "punto de acceso general electrónico" de la administración.
  2. Derecho a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas.
  3. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, como principio general, los procedimientos se tramitan en la lengua elegida por el interesado y en caso de existencia de pluralidad de interesados ​​y discrepancia entre ellos en este aspecto, en lengua castellana.
  4. Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con las previsiones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  5. Derecho a ser tratados con respeto por las autoridades y empleados públicos, que tienen la obligación de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
  6. Derecho a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, cuando proceda legalmente.
  7. Derecho a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica previstos en la ley.
  8. Derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular el derecho a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuran en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas.
  9. Cualquier otro derecho que reconozcan la CE y las leyes.

 

 

En los caso de los interesados, es el artículo 53 LPAC lo que establece los derechos concretos que les corresponden:

  • Derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos (también el artículo 22.1 letra f LRJPAC): este derecho incluye el derecho a conocer también el sentido del silencio administrativo que corresponda en caso de que la administración no dicte ni notifique una resolución en el plazo preceptivo, el órgano competente para la instrucción del procedimiento y su resolución, los actos de trámite dictados, ya acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos (de acuerdo con el artículo 27.4 LPAC las solicitudes de copias auténticas de documentos públicos administrativos se deben atender en el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud en el registro).
  • Derecho a identificar a las autoridades y el personal responsables del procedimiento
  • Derecho a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa aplicable establezca lo contrario. Si excepcionalmente deben presentar los documentos originales, los interesados ​​tienen derecho a que se les entregue una copia auténtica.
  • Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento y que ya estén en poder de las administraciones públicas o los hayan elaborado ellas.
  • Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos
  • Derecho a obtener información y orientación jurídica y técnica
  • Derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente para la defensa de sus intereses.
  • Derecho a cumplir con sus obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 LPAC: tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cualquier otro medio autorizado por el órgano competente en materia de hacienda pública.
  • Cualquier otro derecho que reconozcan la CE y las leyes.

 

Identificación de los interesados ​​por medios electrónicos

Las administraciones públicas tienen la obligación de verificar la identidad de los interesados en los procedimientos administrativos, mediante la comprobación de su nombre y apellidos (personas físicas) o de la denominación o razón social (personas jurídicas o entidades sin personalidad) según conste en el DNI o documento identificativo equivalente (artículo 9.1 LPAC).

En un contexto de relaciones con las administraciones públicas por medios electrónicos, la identificación electrónica consiste en utilizar los datos de identificación de una persona en formato electrónico que la representen de manera única. Para hacerlo, la LPAC prevé que se pueda realizar la identificación electrónica de los interesados ​​a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.

Firma de los interesados ​​por medios electrónicos

La LPAC regula los sistemas de firma de los interesados ​​(artículo 10 LPAC). La firma electrónica se utilizará para acreditar la autenticidad de la expresión de voluntad de los interesados ​​y su consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento firmado.

La LPAC establece con carácter general que para actuar en las fases del procedimiento administrativo sólo es necesario que los interesados ​​acrediten previamente su identidad mediante cualquiera de los medios de identificación. Sólo se puede requerir firma electrónica de manera obligatoria para (artículo 11 LPAC):

  • Formular solicitudes
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
  • Interponer recursos
  • Desistir de acciones
  • Renunciar a derechos.

 

También es obligatorio firmar electrónicamente la formalización de un apoderamiento electrónico, tal y como establece el artículo 6.5 LPAC.

Como regla general, se admite cualquier medio de firma que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento firmado. Si el interesado opta para relacionarse con la administración pública por medios electrónicos, la LPAC (artículo 10) admite como válidos los siguientes sistemas de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados ​​en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores de servicios de certificación incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados ​​en certificados electrónicos o calificados de sello electrónico incluidos en la Lista.

c) Cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido.

d) Cualquiera de los sistemas de identificación del artículo 9 LPAC como sistemas de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y el consentimiento de los interesados ​​(artículo 10.3 LPAC), siempre que lo disponga expresamente la normativa regulador aplicable.

La firma del interesado por cualquiera de los sistemas anteriores comporta la acreditación automática de su identidad (artículo 10.4 LPAC).

Sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos

Una novedad de la LPAC es la del artículo 14 que, al referirse al uso de los medios electrónicos para relacionarse con las administraciones públicas, lo hace desde la doble perspectiva de derecho y obligación:

- Es un derecho para las personas físicas, que pueden elegir en cualquier momento por qué medio se relacionan con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, con la posibilidad de que puedan modificar esta elección en cualquier momento.

- Es una obligación para determinados sujetos a la hora de realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

  • Personas jurídicas
  • Entidades sin personalidad jurídica
  • Todos aquellos que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de esta actividad profesional.
  • Los representantes de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente
  • Los empleados de las administraciones públicas por los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente por cada administración.

 

Asimismo la LPAC prevé que las administraciones puedan establecer expresamente por vía reglamentaria la obligación de relacionarse por medios electrónicos para determinados procedimientos y para determinados colectivos de personas físicas que dada su capacidad económica, técnica, dedicación profesional o otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

El registro electrónico de apoderamientos

La LPAC crea una figura nueva: el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública.

El artículo 6 LPAC4 establece la obligación de que todas y cada una de las administraciones públicas dispongan de un registro electrónico general de apoderamientos en el que se incluirán, como mínimo, todos los apoderamientos presenciales o electrónicos de carácter general. Se exige que estos registros electrónicos de apoderamientos que se creen sean plenamente interoperables entre sí, para garantizar su interconexión, compatibilidad informática y la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen (artículo 6.2 LPAC ).

La finalidad de estos registros electrónicos es permitir comprobar de manera válida la representación de aquellos que actúan ante la administración pública en nombre de un tercero, mediante la consulta a registros administrativos similares, a registros mercantiles, de la propiedad y los protocolos notariales.

Se prevé (artículo 6.4 LPAC), la existencia de 4 tipologías de poderes a inscribirse en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

  • Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración.
  • Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una administración o un organismo concreto.
  • Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para efectuar determinados trámites especificados en el poder.

 

Las inscripciones de apoderamientos en los registros electrónicos tienen una validez temporal de 5 años como máximo, desde la fecha de la inscripción. En cualquier momento del período de su validez, el poderdante puede revocar o prorrogar el poder, por una duración máxima también de 5 años (artículo 6.6 LPAC).